En la ciudad de Montevideo (Uruguay), los y las participantes, integrantes de la sociedad civil, reunidos y reunidas en la Comisión de comunicación dentro de la Cumbre Social del MERCOSUR planteamos: - No podemos decir que vivimos en una sociedad democrática si las comunicaciones no son concebidas como derecho natural y constitucional de todos y todas. En este sentido, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH en su CAPÍTULO III MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN manifiesta: “Los Estados tienen la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. En el marco de esta obligación, los Estados deben evitar el monopolio público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación, y promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica”. -Proponemos la creación de una instancia de recepción de denuncias y reclamos frente al incumplimiento de las garantías y derechos establecidos en el Capítulo mencionado. -Declaramos la necesidad de la participación activa y fomentada por los Estados, de las organizaciones sociales de la sociedad civil en la discusión, elaboración e implementación de nuevas leyes de comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro continente, que exige la democratización de la palabra, la pluralidad de voces, y la finalización de la concentración monopólica de los medios de comunicación tal cual el neoliberalismo planteó en nuestros países. Partimos de la consideración que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Un paso fundamental en esta dirección es institucionalizar la creación, dónde aun no existen, de los Consejos Consultivos de la Sociedad Civil y su fortalecimiento en los países miembros del bloque donde estas vigentes. Asimismo, es necesario asegurar la participación de las organizaciones sociales en la Reunión Especializada de Comunicación Social y promover mecanismos que aseguren la representación de dichas organizaciones en los espacios de discusión de las políticas públicas referidas a la comunicación. - Manifestamos, en igual sentido, que la Comunicación es intrínseca al desarrollo de las organizaciones e instituciones de la comunidad y que debe potenciar el crecimiento de las mismas. No debemos remitirnos a ella como un simple espacio para la difusión de noticias y actividades. Reafirmamos la viabilidad de la relación entre organización, comunicación y educación, en el actual contexto Latinoamericano como una concepción y herramienta indispensable para profundizar las transformaciones sociales, económicas y políticas que se están llevando adelante. -Ratificamos lo expresado en el documento de la Isla del Cerrito, Chaco, Argentina, en cuanto a que los movimientos sociales reconocemos y valoramos los medios propios, comunitarios y populares, que comprometen los mayores esfuerzos en potenciar y articular su trabajo desde la mirada de nuestros pueblos, y disputar los sentidos al discurso del poder. -Reconocemos la relevancia de las experiencias desarrolladas a partir de prácticas de economía social y solidaria para impulsar y dar sustento a la producción y difusión articulada de las múltiples voces de la sociedad civil. -Entendemos que es hora de trabajar fuertemente en la integración de nuestros pueblos facilitando el dialogo intercultural, integrando a la diversidad de voces y visibilizando los pueblos originarios y afrodescendientes, poblaciones migrantes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y jóvenes, para hacer en conjunto una América posible. Hoy resulta estratégico, por lo tanto, avanzar en la producción de contenidos que den cuenta de esta nueva realidad en la región y de los sujetos sociales y políticos que son protagonistas de dicho proceso. -Solicitamos que los Estados desarrollen políticas públicas para medios en zonas de frontera que tiendan a favorecer contenidos a favor de la integración con participación de las poblaciones involucradas y que esta integración sea la que prime a la hora de la elaboración de las normas técnicas. -Nos congratulamos de la conformación de una comisión de tecnologías sociales, comprometiendo nuestra participación dentro de la misma, y haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar el software libre como plataforma común de nuestros países. Reafirmamos la voluntad de encontrar marcos de acuerdos con la misma que permitan implementar actividades de conjunto, potenciando las fortalezas y desarrollos de ambas Comisiones. -Apoyamos y hacemos propio el Documento (Anexo I) presentado por la Coalición Civil por una Comunicación Democrática en la República Oriental del Uruguay y su clara contextualización de objetivos y desafíos que se presentan frente a la TVT y la incorporación de nuevas tecnologías. -Apoyamos y hacemos propia la lucha por una nueva Ley regulatoria de la Comunicación impulsada por organizaciones civiles brasileras en el año 2011 propuesta en el Documento (Anexo II) denominado “Plataforma para um novo Marco Regulatório das Comunicações no Brasil”. -Valoramos los esfuerzos de las organizaciones uruguayas para avanzar en la implementación de una legislación en materia de acceso a la información; comprometiéndonos a un estudio profundo de la legislación de nuestros países para avanzar en tal sentido. De igual forma, apoyamos las acciones que se llevan adelante para implementar una ley de Comunicación. -Proponemos la adopción de medidas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a los medios de comunicación televisivos mediante la implementación del Subtitulado Oculto, Audio-descripción y Lengua de Señas en toda la programación y el acceso a los diarios y revistas digitales y a toda información institucional mediante el desarrollo de paginas web accesibles teniendo en cuenta las recomendaciones de nivel internacional. -Proponemos que los Estados, mediante la implementación de políticas públicas, establezcan pautas que contribuyan en la formación y en el ejercicio del periodismo respecto al tratamiento de la diversidad y en especial de la discapacidad. -Finalmente, reiteramos el llamado a nuestros Presidentes para definir e implementar políticas concretas e inmediatas para democratizar la comunicación con la activa participación de las organizaciones sociales. Montevideo, 19 de diciembre de 2011. ANEXO I La televisión es un sector en donde se debe de proteger la pluralidad y la diversidad porque está en juego el derecho a la información, la libertad de expresión, la formación de niñas y niños, la cultura y la identidad de los pueblos a través de un recurso público, como son las frecuencias y el acceso a la instalación de redes de cable. Para ello los Estados del MERCOSUR deben contar con un marco regulatorio e instituciones que les permitan cumplir con dichos objetivos. Tanto la asignación de las frecuencias, como el marco regulatorio en los países de la región no se han construido de la mejor manera, lo que ha permitido llegar a situaciones de oligopolios privados que constriñen la pluralidad de voces y la diversidad de contenidos. El nuevo marco regulatorio de los servicios de comunicación audiovisual en la región debería impedir niveles de concentración como los observados tanto en televisión abierta, como en televisión por abonados en todos los países, al tiempo que deben establecer herramientas para fomentar la producción de contenidos nacionales, el respeto a los derechos de las personas, la no discriminación por cualquier razón y el respecto a la independencia de los comunicadores. La nueva Ley de Servicios de comunicación audiovisual de Argentina y los avances que se están dando en Uruguay, en ese sentido deben ser ejemplos a seguir por los países del MERCOSUR. Enfrentando las presiones fácticas y argucias legales, de los operadores que hasta ahora han mantenido una situación de privilegio, y que con ellas quieren impedir los avances en la democratización de las comunicaciones. Los marcos regulatorios son necesarios para operar un cambio en el sistema comunicacional, pero no es suficiente por sí solo. El avance de las tecnologías digitales permitiría generar nuevas reglas de juego en la asignación de espectro para mejorar el acceso de nuevos sectores a la comunicación, mejorar la competencia de los medios en el sector privado-comercial y, con ello, iniciar el camino hacia una situación de mayor diversidad a mediano plazo. El advenimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) abre la posibilidad de obtener una mayor cantidad de operadores públicos, privados y comunitarios, a través de un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. La cantidad de espectro disponible permite la convivencia de un sector comercial diverso, una televisión pública más fuerte y el nacimiento de un sector social-comunitario. A su vez, debe aprovecharse la transición de la televisión analógica a la digital para facilitar el acceso de los sectores excluidos a las tecnologías de la información y la comunicación. Por otra parte, un nuevo sistema de medios, también debería apoyarse en el trazado de fibra óptica, lo que tiene capacidad para desarrollar nuevos operadores de cable, ahora más sólidos desde el punto de vista tecnológico, y con capacidad de ofrecer un paquete mucho más atractivo para los hogares con, además de televisión, datos y telefonía fija (el denominado triple play). Esto generaría más operadores, dentro de los que podrían estar las empresas telefónicas estatales, pero también otros que arrendarían la red estatal de fibra óptica para ofrecer otros servicios. Las redes deben garantizar su neutralidad y un acceso en igualdad de condiciones. Este arrojaría una situación de mayor competencia, menor concentración, mayor igualdad entre los operadores, y sobre todo mayores beneficios para los ciudadanos que consumirían estos servicios. Toda esta nueva situación regulatoria bajo estándares democráticos, y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, debería de servir para establecer un nuevo marco de competencia en los sectores de servicios de comunicación audiovisual, utilizando la inmejorable situación que genera la tecnología de TDT, y la inversión que las empresas de telecomunicaciones estatales están desarrollado en fibra óptica. Por algún lado hay que mencionar en la declaración, como los operadores que hasta ahora han mantenido una situación de privilegio, utilizan las presiones fácticas y las argucias legales, para impedir los avances en la democratización de las comunicaciones. ANEXO II Plataforma para um novo Marco Regulatório das Comunicações no Brasil Este texto é fruto de debates acumulados ao longo das últimas décadas, em especial da Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), sistematizados no seminário Marco Regulatório – Propostas para uma Comunicação Democrática, realizado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), com a participação de outras entidades nacionais e regionais, em 20 e 21 de maio de 2011, no Rio de Janeiro. A primeira versão foi colocada em consulta pública aberta, e recebeu mais de 200 contribuições, que foram analisadas e parcialmente incorporadas neste documento. A Plataforma tem foco nas 20 propostas consideradas prioritárias na definição de um marco legal para as comunicações em nosso país. Ao mesmo tempo em que apresenta essas prioridades, este texto tem a pretensão de popularizar o debate sobre as bandeiras e temas da comunicação, normalmente restrito a especialistas e profissionais do setor. Essa é a referência que este setor da sociedade civil, que atuou decisivamente na construção da I CONFECOM, propõe para o conteúdo programático deste debate que marcará a agenda política do país no próximo período. Por que precisamos de um novo Marco Regulatório das Comunicações? Há pelo menos quatro razões que justificam um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. Uma delas é a ausência de pluralidade e diversidade na mídia atual, que esvazia a dimensão pública dos meios de comunicação e exige medidas afirmativas para ser contraposta. Outra é que a legislação brasileira no setor das comunicações é arcaica e defasada, não está adequada aos padrões internacionais de liberdade de expressão e não contempla questões atuais, como as inovações tecnológicas e a convergência de mídias. Além disso, a legislação é fragmentada, multifacetada, composta por várias leis que não dialogam umas com as outras e não guardam coerência entre elas. Por fim, a Constituição Federal de 1988 continua carecendo da regulamentação da maioria dos artigos dedicados à comunicação (220, 221 e 223), deixando temas importantes como a restrição aos monopólios e oligopólios e a regionalização da produção sem nenhuma referência legal, mesmo após 23 anos de aprovação. Impera, portanto, um cenário de ausência de regulação, o que só dificulta o exercício de liberdade de expressão do conjunto da população. A ausência deste marco legal beneficia as poucas empresas que hoje se favorecem da grave concentração no setor. Esses grupos muitas vezes impedem a circulação das ideias e pontos de vista com os quais não concordam e impedem o pleno exercício do direito à comunicação e da liberdade de expressão pelos cidadãos e cidadãs, afetando a democracia brasileira. É preciso deixar claro que todos os principais países democráticos do mundo têm seus marcos regulatórios para a área das comunicações. Em países como Reino Unido, França, Estados Unidos, Portugal e Alemanha, a existência dessas referências não tem configurado censura; ao contrário, tem significado a garantia de maior liberdade de expressão para amplos setores sociais. Em todos estes países, inclusive, existem não apenas leis que regulam o setor, como órgãos voltados para a tarefa de regulação. A própria Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos destaca, em sua agenda de trabalho, o papel do Estado para a promoção da diversidade e pluralidade na radiodifusão. Princípios e objetivos O novo marco regulatório deve garantir o direito à comunicação e a liberdade de expressão de todos os cidadãos e cidadãs, de forma que as diferentes ideias, opiniões e pontos de vista, e os diferentes grupos sociais, culturais, étnico-raciais e políticos possam se manifestar em igualdade de condições no espaço público midiático. Nesse sentido, ele deve reconhecer e afirmar o caráter público de toda a comunicação social e basear todos os processos regulatórios no interesse público. Para isso, o Estado brasileiro deve adotar medidas de regulação democrática sobre a estrutura do sistema de comunicações, a propriedade dos meios e os conteúdos veiculados, de forma a: ü assegurar a pluralidade de ideias e opiniões nos meios de comunicação; ü promover e fomentar a cultura nacional em sua diversidade e pluralidade; ü garantir a estrita observação dos princípios constitucionais da igualdade; prevalência dos direitos humanos; livre manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual, artística e de comunicação, sendo proibida a censura prévia, estatal (inclusive judicial) ou privada; inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas; e laicidade do Estado; ü promover a diversidade regional, étnico-racial, de gênero, classe social, etária e de orientação sexual nos meios de comunicação; ü garantir a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de comunicação; ü proteger as crianças e adolescentes de toda forma de exploração, discriminação, negligência e violência e da sexualização precoce; ü garantir a universalização dos serviços essenciais de comunicação; ü promover a transparência e o amplo acesso às informações públicas; ü proteger a privacidade das comunicações nos serviços de telecomunicações e na internet; ü garantir a acessibilidade plena aos meios de comunicação, com especial atenção às pessoas com deficiência; ü promover a participação popular na tomada de decisões acerca do sistema de comunicações brasileiro, no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo; ü promover instrumentos eletrônicos de democracia participativa nas decisões do poder público. O marco regulatório deve abordar as questões centrais que estruturam o sistema de comunicações e promover sua adequação ao cenário de digitalização e convergência midiática, contemplando a reorganização dos serviços de comunicação a partir da definição de deveres e direitos de cada prestador de serviço. Sua estrutura deve responder a diretrizes que estejam fundadas nos princípios constitucionais relativos ao tema e garantam caráter democrático para o setor das comunicações. Diretrizes fundamentais – 20 pontos para democratizar as comunicações no Brasil 1. Arquitetura institucional democrática A organização do sistema nacional de comunicações deve contar com: um Conselho Nacional de Comunicação, com composição representativa dos poderes públicos e dos diferentes setores da sociedade civil (que devem ser majoritários em sua composição e apontados por seus pares), com papel de estabelecer diretrizes normativas para as políticas públicas e regulação do setor; órgão(s) regulador(es) que contemple(m) as áreas de conteúdo e de distribuição e infraestrutura, subordinados ao Conselho Nacional de Comunicação, com poder de estabelecimento de normas infralegais, regulação, fiscalização e sanção; e o Ministério das Comunicações como instituição responsável pela formulação e implementação das políticas públicas. Estados e municípios poderão constituir Conselhos locais, que terão caráter auxiliar em relação ao Conselho Nacional de Comunicação, com atribuições de discutir, acompanhar e opinar sobre temas específicos, devendo seguir regras únicas em relação à composição e forma de escolha de seus membros. Esses Conselhos nos estados e municípios podem também assumir funções deliberativas em relação às questões de âmbito local. Deve também ser garantida a realização periódica da Conferência Nacional de Comunicação, precedida de etapas estaduais e locais, com o objetivo de definir diretrizes para o sistema de comunicação. Este sistema deve promover intercâmbio com os órgãos afins do Congresso Nacional – comissões temáticas, frentes parlamentares e o Conselho de Comunicação Social (órgão auxiliar ao Congresso Nacional previsto na Constituição Federal). 2. Participação social A participação social deve ser garantida em todas as instâncias e processos de formulação, implementação e avaliação de políticas de comunicação, sendo assegurada a representação ampla em instâncias de consulta dos órgãos reguladores ou com papeis afins e a realização de audiências e consultas públicas para a tomada de decisões. Devem ser estabelecidos outros canais efetivos e acessíveis (em termos de tempo, custo e condições de acesso), com ampla utilização de mecanismos interativos via internet. Em consonância com o artigo 220 da Constituição Federal, a sociedade deve ter meios legais para se defender de programação que contrarie os princípios constitucionais, seja por meio de defensorias públicas ou de ouvidorias, procuradorias ou promotorias especiais criadas para este fim. 3. Separação de infraestrutura e conteúdo A operação da infraestrutura necessária ao transporte do sinal, qualquer que seja o meio, plataforma ou tecnologia, deve ser independente das atividades de programação do conteúdo audiovisual eletrônico, com licenças diferenciadas e serviços tratados de forma separada. Isso contribui para um tratamento isonômico e não discriminatório dos diferentes conteúdos, fomenta a diversificação da oferta, e assim amplia as opções do usuário. As atividades que forem de comunicação social deverão estar submetidas aos mesmos princípios, independentemente da plataforma, considerando as especificidades de cada uma dessas plataformas na aplicação desses princípios. 4. Garantia de redes abertas e neutras A infraestrutura de redes deve estar sujeita a regras de desagregação e interconexão, com imposição de obrigações proporcionais à capacidade técnica e financeira de cada agente econômico. Os operadores de redes, inclusive os que deem suporte à comunicação social audiovisual eletrônica, devem tratar os dados de forma neutra e isonômica em relação aos distintos serviços, aos programadores e a outros usuários, sem nenhum tipo de modificação ou interferência discriminatória no conteúdo ou na velocidade de transmissão, garantindo a neutralidade de rede. O uso da infraestrutura deve ser racionalizado por meio de um operador nacional do sistema digital, que funcionará como um ente de gerenciamento e arbitragem das demandas e obrigações dos diferentes prestadores de serviço, e deverá garantir o caráter público das redes operadas pelos agentes privados e públicos, sejam elas fixas ou sem fio. Além disso, deve ser garantido aos cidadãos o direito de conexão e roteamento entre seu equipamento e qualquer outro, de forma a facilitar as redes cooperativas e permitir a redistribuição de informações. 5. Universalização dos serviços essenciais Os serviços de comunicação considerados essenciais, relacionados à concretização dos direitos dos cidadãos, devem ser tratados como serviços públicos, sendo prestados em regime público. No atual cenário, devem ser entendidos como essenciais a radiodifusão, os serviços de voz e especialmente a infraestrutura de rede em alta velocidade (banda larga). Enquadrados dessa forma, eles estarão sujeitos a obrigação de universalização, chegando a todos os cidadãos independentemente de localização geográfica ou condição socioeconômica e deverão atender a obrigações tanto de infraestrutura quanto de conteúdo, tais como: prestação sem interrupção (continuidade), tarifas acessíveis (no caso dos serviços pagos), neutralidade de rede, pluralidade e diversidade de conteúdo, e retorno à União, após o fim do contrato de concessão, dos bens essenciais à prestação do serviço. Devem ser consideradas obrigações proporcionais à capacidade técnica e financeira de cada agente econômico, de forma a estimular os pequenos provedores. Esse é o melhor formato, por exemplo, para garantir banda larga barata, de qualidade e para todos. 6. Adoção de padrões abertos e interoperáveis e apoio à tecnologia nacional Os serviços e tecnologias das redes e terminais de comunicações devem estar baseados em padrões abertos e interoperáveis, a fim de garantir o uso democrático das tecnologias e favorecer a inovação. Padrões abertos são aqueles que têm especificação pública, permitem novos desenvolvimentos sem favorecimento ou discriminação dos agentes desenvolvedores e não cobram royalties para implementação ou uso. Interoperáveis são aqueles que permitem a comunicação entre sistemas de forma transparente, sem criar restrições que condicionem o uso de conteúdos produzidos à adoção de padrão específico. Essas definições devem estar aliadas a política de apoio à tecnologia nacional por meio de pesquisa e desenvolvimento, fomento, indução e compra de componentes, produtos e aplicativos sustentados nesse tipo de tecnologia. 7. Regulamentação da complementaridade dos sistemas e fortalecimento do sistema público de comunicação Nas outorgas para programação, o novo marco regulatório deve garantir a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de comunicação, regulamentando o artigo 223 da Constituição Federal. Por sistema público, devem ser entendidas as programadoras de caráter público ou associativo, geridas de maneira participativa, a partir da possibilidade de acesso dos cidadãos a suas estruturas dirigentes e submetidas a regras democráticas de gestão. O sistema privado deve abranger os meios de propriedade de entidades privadas em que a natureza institucional e o formato de gestão sejam restritos, sejam estas entidades de finalidade lucrativa ou não. O sistema estatal deve compreender todos os serviços e meios controlados por instituições públicas vinculadas aos poderes do Estado nas três esferas da Federação. Para cada um dos sistemas, devem ser estabelecidos direitos e deveres no tocante à gestão, participação social, financiamento e à programação. A cada um deles também serão asseguradas cotas nas infraestruturas de redes dedicadas ao transporte de sinal dos serviços de comunicação social audiovisual eletrônica, de forma a atingir a complementaridade prevista na Constituição Federal. Deve estar previsto especialmente o fortalecimento do sistema público, com reserva de ao menos 33% dos canais para esta categoria em todos os serviços, políticas de fomento – em especial pelo incremento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e criação de fundos públicos com critérios transparentes e gestão democrática – e o fortalecimento da rede pública, em articulação com todas as emissoras do campo público e com suas entidades associativas, com a constituição de um operador de rede que servirá também de modelo para a futura evolução de toda a comunicação social eletrônica brasileira. Deve ainda ser reforçado o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), por meio da ampliação de sua abrangência no território nacional, democratização de sua gestão, garantia de participação popular nos seus processos decisórios, ampliação das fontes fixas de financiamento e da autonomia política e editorial em relação ao governo. A produção colaborativa e em redes no âmbito de emissoras públicas e estatais deve ser promovida por meio de parcerias com entidades e grupos da sociedade civil. 8. Fortalecimento das rádios e TVs comunitárias A nova legislação deve garantir a estruturação de um sistema comunitário de comunicação, de forma a reconhecer efetivamente e fortalecer os meios comunitários, entendidos como rádios e TVs de finalidade sociocultural geridos pela própria comunidade, sem fins lucrativos, abrangendo comunidades territoriais, etnolinguísticas, tradicionais, culturais ou de interesse. Por ter um papel fundamental na democratização do setor, eles devem estar disponíveis por sinais abertos para toda a população. Os meios comunitários devem ser priorizados nas políticas públicas de comunicação, pondo fim às restrições arbitrárias de sua cobertura, potência e número de estações por localidade, garantido o respeito a planos de outorgas e distribuição de frequências que levem em conta as necessidades e possibilidades das emissoras de cada localidade. Devem ser garantidas condições de sustentabilidade suficientes para uma produção de conteúdo independente e autônoma, por meio de anúncios, publicidade institucional e de financiamento por fundos públicos. A lei deve prever mecanismos efetivos para impedir o aparelhamento dos meios comunitários por grupos políticos ou religiosos. É também fundamental o fim da criminalização das rádios comunitárias, garantindo a anistia aos milhares de comunicadores perseguidos e condenados pelo exercício da liberdade de expressão e do direito à comunicação. 9. Democracia, transparência e pluralidade nas outorgas As outorgas de programação de rádio e serviços audiovisuais, em qualquer plataforma, devem garantir em seus critérios para concessão e renovação a pluralidade e diversidade informativa e cultural, sem privilegiar o critério econômico nas licitações, e visar à complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal. Os critérios de outorga e renovação devem ser adequados aos diferentes sistemas e estar claramente definidos em lei, com qualquer recusa sendo expressamente justificada. Não deve haver brechas para transformar as outorgas em moedas de troca de favores políticos. A responsabilidade pelas outorgas e por seu processo de renovação deve ser do(s) órgão(s) regulador(es) e do Conselho Nacional de Comunicação, garantida a transparência, a participação social e a agilidade no processo. Os processos de renovação não devem ser realizados de forma automática, cabendo acompanhamento permanente e análise do cumprimento das obrigações quanto à programação – especialmente com a regulamentação daquelas previstas no artigo 221 da Constituição Federal – e da regularidade trabalhista e fiscal do prestador de serviço. Deve-se assegurar a proibição de transferências diretas ou indiretas dos canais, bem como impedir o arrendamento total ou parcial ou qualquer tipo de especulação sobre as frequências. 10. Limite à concentração nas comunicações A concentração dos meios de comunicação impede a diversidade informativa e cultural e afeta a democracia. É preciso estabelecer regras que inibam qualquer forma de concentração vertical (entre diferentes atividades no mesmo serviço), horizontal (entre empresas que oferecem o mesmo serviço) e cruzada (entre diferentes meios de comunicação), de forma a regulamentar o artigo 220 da Constituição Federal, que proíbe monopólios e oligopólios diretos e indiretos. Devem ser contemplados critérios como participação no mercado (audiência e faturamento), quantidade de veículos e cobertura das emissoras, além de limites à formação de redes e regras para negociação de direitos de eventos de interesse público, especialmente culturais e esportivos. Associações diretas ou indiretas entre programadores de canais e operadores de rede devem ser impedidas. O setor deve ser monitorado de forma dinâmica para que se impeçam quaisquer tipos de práticas anticompetitivas. 11. Proibição de outorgas para políticos O marco regulatório deve reiterar a proibição constitucional de que políticos em exercício de mandato possam ser donos de meios de comunicação objeto de concessão pública, e deve estender essa proibição a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. Medidas complementares devem ser adotadas para evitar o controle indireto das emissoras. 12. Garantia da produção e veiculação de conteúdo nacional e regional e estímulo à programação independente É preciso regulamentar o artigo 221 da Constituição Federal, com a garantia de cotas de veiculação de conteúdo nacional e regional onde essa diversidade não se impõe naturalmente. Esses mecanismos se justificam pela necessidade de garantir a diversidade cultural, pelo estímulo ao mercado audiovisual local e pela garantia de espaço à cultura e à língua nacional, respeitando as variações etnolinguísticas do país. O novo marco deve contemplar também políticas de fomento à produção, distribuição e acesso a conteúdo nacional independente, com a democratização regional dos recursos, desconcentração dos beneficiários e garantia de acesso das mulheres e da população negra à produção de conteúdo. Essa medida deve estar articulada com iniciativas já existentes no âmbito da cultura, já que, ao mesmo tempo, combate a concentração econômica e promove a diversidade de conteúdo. 13. Promoção da diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de classes sociais e de crença Devem ser instituídos mecanismos para assegurar que os meios de comunicação: a) garantam espaço aos diferentes gêneros, raças e etnias (inclusive comunidades tradicionais), orientações sexuais, classes sociais e crenças que compõem o contingente populacional brasileiro espaço coerente com a sua representação na sociedade, promovendo a visibilidade de grupos historicamente excluídos; b) promovam espaços para manifestação de diversas organizações da sociedade civil em sua programação. Além disso, o novo marco regulatório deve estimular o acesso à produção midiática a quaisquer segmentos sociais que queiram dar visibilidade às suas questões no espaço público, bem como articular espaços de visibilidade para tais produções. 14. Criação de mecanismos de responsabilização das mídias por violações de direitos humanos Conforme previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Também está previsto que a liberdade de expressão esteja sujeita a responsabilidades posteriores a fim de assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas. Assim, o novo marco deve garantir mecanismos de defesa contra programação que represente a violação de direitos humanos ou preconceito contra quaisquer grupos, em especial os oprimidos e marginalizados – como mulheres, negros, segmento LGBT e pessoas com deficiência –, o estímulo à violência, a ofensa e danos pessoais, a invasão de privacidade e o princípio da presunção de inocência, de acordo com a Constituição Federal. Nas concessões públicas, deve ser restringido o proselitismo político e religioso ou de qualquer opção dogmática que se imponha como discurso único e sufoque a diversidade. 15. Aprimoramento de mecanismos de proteção às crianças e aos adolescentes O Brasil já conta com alguns mecanismos de proteção às crianças e aos adolescentes no que se refere à mídia, que se justificam pela vulnerabilidade deste segmento. Estes mecanismos devem contar com os seguintes aprimoramentos: a) extensão da Classificação Indicativa existente para a TV aberta, definida por portaria, para outras mídias, especialmente a TV por assinatura; seu cumprimento deve ser garantido em todas as regiões do país, com a ampliação da estrutura de fiscalização; b) instituição de mecanismos para assegurar que os meios de comunicação realizem programação de qualidade voltada para o público infantil e infanto-juvenil, em âmbito nacional e local; c) aprovação de regras específicas sobre o trabalho de crianças e adolescentes em produções midiáticas; d) proibição da publicidade dirigida a crianças de até 12 anos. Todas essas medidas devem ter como referência o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa do Consumidor e em convenções internacionais relativas ao tema. 16. Estabelecimento de normas e códigos que objetivem a diversidade de pontos de vista e o tratamento equilibrado do conteúdo jornalístico O conteúdo informativo de caráter jornalístico nos meios sob concessão pública deve estar sujeito a princípios que garantam o equilíbrio no tratamento das notícias e a diversidade de ideias e pontos de vista, de forma a promover a liberdade de expressão e ampliar as fontes de informação. Esses princípios são fundamentais para garantir a democracia na comunicação, mas precisam ser detalhadamente estabelecidos em lei para não se tornar um manto de censura ou ingerência, nem restringir o essencial papel dos meios de comunicação de fiscalização do poder. 17. Regulamentação da publicidade Deve ser mantido o atual limite de 25% do tempo diário dedicado à publicidade e proibidos os programas de televendas ou infomerciais nos canais abertos. Como previsto na Constituição Federal, a publicidade de tabaco, bebidas alcoólicas (incluindo a cerveja), agrotóxicos, medicamentos e terapias deverá estar sujeita a normas especiais e restrições legais, principalmente nos horários de programação livre. Deve-se também restringir a publicidade de alimentos não-saudáveis, com a definição de horários inadequados à veiculação e a divulgação dos danos desses produtos à saúde. Promoções, competições e votações devem ser regulamentadas de forma a garantir total transparência e garantia dos direitos dos consumidores. 18. Definição de critérios legais e de mecanismos de transparência para a publicidade oficial Devem ser definidos critérios isonômicos que evitem uma relação de pressão dos governos sobre os veículos de comunicação ou destes sobre os governos. Os critérios para a distribuição dos recursos devem ter como princípio a transparência das ações governamentais e a prestação de informações ao cidadão e levar em conta a eficácia do investimento em relação à visibilidade, à promoção da diversidade informativa e à indução da desconcentração dos mercados de comunicação. A distribuição das verbas governamentais deve ser transparente, com mecanismos de acompanhamento por parte da sociedade do volume de recursos aplicados e dos destinatários destes recursos, e deve levar em conta os três sistemas de comunicação – público, privado e estatal. 19. Leitura e prática críticas para a mídia A leitura e a prática críticas da mídia devem ser estimuladas por meio das seguintes medidas: a) inclusão do tema nos parâmetros curriculares do ensino fundamental e médio; b) incentivo a espaços públicos e instituições que discutam, produzam e sistematizem conteúdo sobre a educação para a mídia; c) estímulo à distribuição de produções audiovisuais brasileiras para as escolas e emissoras públicas; d) incentivo a que os próprios meios de comunicação tenham observatórios e espaços de discussão e crítica da mídia, como ouvidorias/ombudsmen e programas temáticos. 20. Acessibilidade comunicacional O novo marco regulatório deve aprimorar mecanismos legais já existentes com o objetivo de garantir a acessibilidade ampla e garantir, na programação audiovisual, os recursos de audiodescrição, legenda oculta (closed caption), interpretação em LIBRAS e áudio navegação. Esses recursos devem ser garantidos também no guia de programação (EPG), aplicativos interativos, e receptores móveis e portáteis. Documentos e materiais de consultas públicas e audiências públicas devem ser disponibilizados em formatos acessíveis para garantir igualdade de acesso às informações e igualdade de oportunidade de participação de pessoas com deficiência sensorial e intelectual. Deve-se ainda garantir a acessibilidade em portais, sítios, redes sociais e conteúdos disponíveis na internet, com especial atenção aos portais e sítios governamentais e publicações oficiais. Observações Essas diretrizes contemplam os temas cuja nova regulamentação é premente. Há ainda outros temas ligados ao setor das comunicações ou com incidência sobre ele que devem ser tratados por mecanismos específicos, como a reforma da Lei de Direitos Autorais, o Marco Civil da Internet e a definição de uma Lei de Imprensa democrática, que contemple temas como o direito de resposta e a caracterização dos ilícitos de opinião (injúria, calúnia e difamação), sempre com base nos princípios e objetivos citados neste documento.
